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“Los niños deben ser declarados Patrimonio de la humanidad. Los crímenes contra ellos serán considerados de lesa humanidad, no deben prescribir. Los delitos de omisión para con los niños por irresponsabilidad de los gobiernos y sus funcionarios no pueden quedar impunes”.

“Tenemos que crecer hacia un modelo de democracia deliberativa, donde los que tienen que representar al pueblo no puedan ocultarse detrás de un escritorio ni hagan valer el elitismo de las mayorías. Hay que buscar modelos que le permitan salir a la Argentina del hiper presidencialismo”.

Se trata de un ingreso proveniente de fondos que el Estado distribuye a sus ciudadanos o residentes de manera incondicional para garantizar su subsistencia y condiciones de vida digna. Lo reciben todos, ricos y pobres. Es la alternativa necesaria frente a la caída del empleo y la perdida de derechos que se vienen profundizando por la automatización y la tecnología. Genera una gran cantidad de efectos sociales positivos y se sostiene con una reforma tributaria basada en la progresividad. Promueve además la ocupación de las personas en actividades productivas desde una lógica diferente y cuyo compromiso con la sociedad humana es mayor. |Video|

“La tecnología nos da la posibilidad de que cada vez más personas participen de las grandes decisiones y los controles eficaces”.

“El sistema impostivo es abusivo y muchas veces confiscatorio. Tal como funciona hoy está mal. Tiene además (cuando no promueve) fisuras hacia la corrupción y la dilapidación. En este aspecto es fundamental el diseño de esquemas de progresividad real, y definiciones coherentes de las prioridades de los objetivos del Estado y en el destino de aplicación de los recursos en los temas humanos más urgentes. También es urgente el respeto al mandato constitucional, y avanzar hacia una mayor responsabilidad parlamentaria que elimine la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”.

El humanismo promueve la educación gratuita y universal en todos los niveles. Se proponen nuevas instancias de educación orientadas al trabajo que está variando en contenidos y formas de prestación. Educación y trabajo son derechos humanos y prioridades de Estado, de modo que la legislación que los regula no puede ser vulnerada por políticas sustentadas en decisiones económicas. El sistema educativo necesita una reforma que revalorice y promueva la tarea docente, elimine la burocracia y evite el despilfarro de recursos en estructuras administrativas inconducentes. La transparencia de la administración y la información pública es parte de la solución.

Hay toda una agenda urgente con temas impostergables donde confluyen la ecología, el desarrollo sustentables, las energías limpias y renovables, la agricultura sin venenos y programas de alimentación. Argentina tiene grandes riquezas en todas estas áreas ocultadas detrás de negocios que ponen el peligro la vida humana. Aquí también se plantea un cambio de paradigma.

La crueldad no debe admitirse. Es importante crecer en humanidad y producirnos un cambio de conciencia por el compromiso con la vida.

“No debe existir una política que invierta en represión antes que en educación y la creación de oportunidades. La prevención es fundamental pero es importante recorrer el camino más largo. Podemos empezar a hacerlo, porque no es  imposible; es cuestión de voluntad. No puede ser política de Estado la lucha de pobres contra pobres”.

“Los delitos de corrupción no deben prescribir. Resulta de lesa humanidad que puedan existir muertes de personas derivadas de las actividades delictivas (por acción u omisión) que afectan al dinero del Pueblo”.

El Estado debe reorganizarse en unidades más pequeñas y horizontales  orientadas al servicio público, sin que se afecte la planta de trabajadores, ni se vulnere su estabilidad laboral. Los escenarios futuros harán necesarias estas nuevas estructuras para garantizar el bienestar humano. Los trabajadores deben tener la opción de desarrollar su carrera en la administración desde sus fortalezas y con seguridad. Deben nombrarse dentro de los esquemas de planta permanente a aquellos empleados que prestan servicio con vínculos como los contratos de “locación de servicio” y otras modalidades de fraude laboral que emplea el Estado, que hoy es el principal empleador irregular.

Hay que recuperar el concepto de política como servicio público y abandonar la práctica de entenderla como salida laboral. El ejercicio profesional de la política será necesario en cuanto se haga efectivo tomando como base este paradigma. También es imprescindible reconfigurar la noción de autoridad, porque la delegación de poder no implica prerrogativas que no estén orientadas al beneficio social.

“Muchas buenas acciones, de gran visibilidad, se desvanecen cuando se ocultan las necesidades más urgentes. No se puede esconder debajo de un cantero a la desigualdad y la pobreza. No es posible que se multipliquen los colchones en nuestras calles y la desesperación en los hospitales. Es inaceptable que se pretenda eludir la responsabilidad del Estado en la educación y la cultura mientras se profundizan estrategias recaudatorias fuera de toda prioridad”.